La aprobación de la ley
mordaza, los procesos a cerca de 265 trabajadores por participar en piquetes
informativos en las últimas huelgas o los métodos expeditivos de la policía constatan
la política de mano dura del Gobierno
La CNT ha denunciado en un acto público en la localidad de
Adra el incremento de la represión hacia los movimientos sociales por parte del
Ejecutivo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la clasificación
como infracción de numerosos actos públicos considerados anteriormente como
lícitos por los Tribunales el Gobierno, muestra con nitidez su intención de
limitar el libre derecho de expresión de los ciudadanos. La aprobación de la
llamada ley mordaza pretende disuadir a los activistas para que no convoquen o
asistan a manifestaciones o reuniones en un claro intento de disuadir a la ciudadanía
para que no concurran a actos de protesta contra sus
políticas que últimos tiempos, han proliferado, convocados con el dinamismo que
ofrecen las redes sociales. Entre el catálogo de nuevas infracciones se
encuentra también el “obstruir a la
autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales” un
claro ejemplo de impedir vía sanción,la solidaridad vecinal en el caso de los
desahucios.
Por otra parte, no podemos olvidar también, la ofensiva penal
contra el derecho de huelga. Hoy en día hay más de 265 trabajadores encausados
por su participación en piquetes informativos en diversas huelgas, la mayoría
por su participación en la pasada Huelga General del 14-N. Las penas para los
encausados oscilan entre los 3 años y un
día hasta los 4 años y medio, condenas que no permiten eludir la cárcel salvo
por el indulto del Gobierno. Esta sin razón, basada en resquicios de la
legislación franquista existentes en el
actual código penal ha llevado a algunos juristas a alzar la voz y denunciar
que los sindicalistas están recibiendo condenas desproporcionadas equiparables
a las que pueden recibir los homicidas imprudentes o los agresores sexuales.Esta
imagen contrasta también con la
impunidad con la que se mueven algunos cargos públicos condenados o imputados por corrupción.
Si el Gobierno y los privilegiados para quienes legislan piensan
que con sus leyes intimidatorias, con su golpe de porra y sus sanciones van a
frenar el ascenso de la contestación social ante el paro, antelos salarios de
miseria y la precariedad laboral; ante los recortes en sanidad o educación;
ante los desahucios y ante los sinvergüenzas que se encuentran en las
instituciones se equivocan. ¡Nosotros no
vamos a quedarnos dócilmente en casa!